El consentimiento es el acuerdo de voluntades de los socios, plasmado en forma definitiva en el extracto final, con el cual culminan las negociaciones sostenidas previamente entre los socios.

El objeto es la causa, motivo o fin que se persigue con la creación de la sociedad, de tal forma que debe quedar perfectamente descrito en el contrato social, ya que de eso dependerá que puedan llevar a cabo las acciones para las que crearon una nueva empresa.

Es importante mencionar que ésta existe en nuestra legislación de dos tipos:

• Capacidad de goce: La capacidad de goce hace referencia a aquellos derechos de los que podemos ser beneficiados; por ejemplo, recibir una herencia.


• Capacidad de ejercicio: La capacidad de ejercicio son aquellos derechos que podemos llevar a cabo; por ejemplo, iniciar una empresa o realizar una operación de compraventa.

De esta forma, hay personas que son incapaces jurídicamente; por ejemplo, las personas que tienen enfermedades mentales, y ello los obliga a que alguien cercano se haga cargo de esa situación y se constituya como su representante legal mediante un procedimiento jurídico denominado interdicción (Código Civil Federal, 2017, art. 23). La falta de capacidad de un socio no impide el funcionamiento de una sociedad inscrita en el Registro Público del Comercio, como tampoco genera la nulidad del contrato social, solamente se invalida respecto a la participación del socio incapaz.

El consentimiento de los socios deberá estar plasmado por escrito y contenido en escritura pública ante notario público, con excepción de la sociedad por acciones simplificada que, como hemos mencionado, no requiere más de un socio para conformarse ni constituirse ante fedatario público, basta con que se registre con los formatos que, para tal fin, expide la Secretaría de Economía y se dé de alta ante la Secretaría de Hacienda, a fin de cumplir con la forma solicitada en la ley para que pueda surtir sus efectos jurídicos.

La voluntad de los socios no debe estar afectada de nulidad relativa por vicio alguno, lo que significa que puede ser invalidada de manera temporal alguna cláusula del contrato social por el error, dolo, mala fe, violencia o lesión en el consentimiento.

El objeto, motivo o fin en la celebración del contrato social para la constitución de una sociedad debe ser lícito, es decir, permitido legalmente; de lo contrario, el contrato puede ser afectado con nulidad absoluta, implicando la inmediata disolución de la sociedad, la consecuente liquidación del haber social, además de la imposición de las sanciones legales al responsable.

El nombre es un dato de identificación para señalar el estatus de socio a cada miembro que conforma a la persona moral y de probar la existencia de su voluntad en el consentimiento; puede tener el carácter de socio tanto la persona individual como la colectiva. Si es persona física, bastará con el señalamiento de su nombre de bautizo, además de los apellidos paterno y materno, pero si es persona moral deberá especificarse su denominación o razón social. Del contenido de las fracciones I a V del artículo 27 de la Constitución Política, así como de la Ley de Inversión Extranjera, la nacionalidad es un requisito que se exige para comprobar la libertad del socio para participar en las actividades económicas de la sociedad, que pueden estar bajo prohibición o restricción para los extranjeros.

En cuanto al domicilio de los socios, éste es requisito indispensable en las sociedades personales, toda vez que la responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada de las deudas sociales, con el dato de un lugar de residencia facilita el requerimiento de pago o ejercicio de las acciones jurídicas que se tuvieren contra ellos, situación diferente en las sociedades capitalistas, pues los socios únicamente responden del monto de sus aportaciones que es cobrado directamente por el mecanismo administrativo de la sociedad.

El objeto social es el motivo que impulsa a los socios para reunirse, mientras que el fin es el resultado que se persigue con esa unión. Es el requisito más importante porque sirve para fijar los límites de la capacidad jurídica de la persona moral y su marco legal de acción, dentro de la esfera de capacidad general y limitaciones establecidas en la ley.

Es necesario que la sociedad, a través de su nombre, pueda tener una identidad y distinguirse de otras sociedades. La razón social se conforma con los apellidos de los socios fundadores, mientras que la denominación es un conjunto de palabras reales o ficticias que se relacionen con su funcionamiento, giro comercial o aquellas que la caractericen.

El contrato social establece un plazo de vigencia de la sociedad, lo que significa que la decisión de los socios para continuar unidos tiene un tiempo de vida, que puede ser indeterminado (LGSM, 2016, art. 6, fracción IV), bajo su propia voluntad, o determinado, si se cumple la condición de satisfacer sus fines propuestos.

Es la suma de las aportaciones en numerario y otros bienes que realizan los socios; se distingue del patrimonio social en que este último es la suma de los valores de contenido económico de que es titular la sociedad y, una vez iniciadas las operaciones, puede sufrir incremento o demérito. Para la determinación del importe del capital social, no se computan servicios que aportan los socios industriales porque no son susceptibles de valoración económica.

El valor y la escritura deberán expresar con precisión el tipo de aportación que el socio realiza y cómo se respalda: si con capital, créditos, bienes o servicios, incluyendo su descripción, el monto estimable en dinero y los sistemas de medidas o criterios para otorgarle cierto valor económico.

A diferencia del lugar de residencia que pudiera tener cada socio, el domicilio social resulta ser el lugar fijado para el cumplimiento de sus obligaciones sociales y de pago de impuestos.

Este punto es clave para determinar por los fundadores cuál es el mejor sistema para administrar su empresa: si mediante un órgano individual —administrador, gerente— o uno colectivo —consejo de administración—, además de señalar las facultades inherentes de quien funja como representante legal para la realización de actos que den cumplimiento al objeto social.

A la administración de la sociedad, pueden concurrir todos los socios, incluso el nombramiento puede recaer en un tercero ajeno a la agrupación, quien fungirá como su representante. En el acta y en los estatutos, se precisarán sus obligaciones, se determinarán las conductas que tenga prohibido realizar y se fijarán sus responsabilidades, para un excelente desempeño; además, se delimitará el tiempo en que estará en el cargo y los motivos para su remoción. También, se especificará el monto de la retribución de sus servicios a la sociedad.

En el acta, se establece como obligación proporcionar información concerniente al estado financiero de los negocios de la sociedad, a fin de que, mediante un adecuado sistema contable, se conozcan las ganancias y pérdidas sufridas al final de cada ejercicio; de este resultado, dependerá que se cumpla con el derecho de todos los socios, capitalistas o industriales, a participar en el reparto de dividendos en proporción a sus aportaciones. Es recomendable no confundir el término dividendos con utilidades, ya que éste corresponde a las ganancias que se reparten a los trabajadores anualmente, mientras que el de dividendos corresponde únicamente a los socios.

A fin de impedir que la sociedad quede sin recursos monetarios después de una crisis económica en el lugar donde se establezcan sus operaciones, los socios deben pactar la creación de un fondo de reservas que absorba las pérdidas producidas y les permita continuar en funciones. Tanto la escritura como los estatutos deberán fijar su monto: si se trata del fondo legal, se conforma con al menos el 5 % como mínimo de las utilidades líquidas anuales, hasta que alcance la quinta parte del capital social.

Dentro de la escritura, se deben enunciar las causas que los socios estimen para que se produzca la disolución de la sociedad antes de que se cumpla su fin, ya sea por caso fortuito o fuerza mayor, entre las que se consideran la disminución del capital que impida la rentabilidad del negocio o la del número de socios por muerte de alguno de ellos, la quiebra por la ilicitud del objeto social y el ejercicio de actos ilícitos, entre otros.

Dentro del pacto social, al cumplirse la condición para que se disuelva la sociedad, los socios deben fijar el procedimiento para llevar a cabo la repartición de los bienes a cargo de los liquidadores, quienes serán nombrados de forma anticipada a dicho evento. Los estatutos son reglas de organización, funcionamiento, disolución y liquidación de la sociedad. Por ser connaturales a todo negocio social —contrato social—, cuando se omitan, no afectan la validez de la escritura constitutiva, pues se aplican de manera supletoria las disposiciones de ley concernientes a las reglas particulares de cada tipo de sociedad (LGSM, 2016, art. 8).