Las pedagogías críticas y feministas en el fortalecimiento de las ciudadanías juveniles de América Latina y el Caribe

Los cuerpos se mueven, de un lado a otro, orilleros, periféricos, escondidos, invisibles, cuerpos habitados por la desgracia de un color otro, de una lengua otra, de un mundo otro.

Gloria Anzaldua

Carga histórica

Los países latinoamericanos y caribeños llevan consigo una carga histórica de despojo territorial, que yace en invalidación de sus identidades culturales, lo que supone procesos de toma de conciencia ciudadana, vinculantes con “pedagogías como prácticas insurgentes que agrietan la modernidad/colonialidad y hacen posibles maneras muy otras de ser, estar, pensar, saber, sentir, existir y vivir-con” (Walsh, 2013, p. 19). En otras palabras, las pedagogías críticas y feministas desvirtúan los métodos alienantes que responden a los sistemas de dominación basados en la transmisión simplista y el depósito de palabras jurídicas que no despiertan la acción; por ende, buscan recuperar la memoria histórica constituida por aportes teórico-metodológicos de los movimientos sociales, que se posicionaron contra el desequilibrio del poder y que dieron paso a transformaciones en diferentes esferas sociales para la progresividad de los derechos.

Personas jóvenes como sujetos activos

Las prácticas pedagógicas críticas y feministas generan espacios de discusión, cuestionamiento y diálogo entre juventudes, estrategias desligadas de lógicas reproduccionistas e intervenciones individualizadas que las consideran como espectadoras, homogéneas y complacientes de la autoridad; en cambio, sus procesos formativos contemplan a las personas jóvenes como sujetos activos, reflexivos y agentes protagónicos de su propio desarrollo en la sociedad, con habilidades comunicativas para construir otras posibilidades, al convivir igualitariamente con la otredad (Castrillón, 2018).

Dignificar

La promoción de liderazgos colectivos, desde las pedagogías críticas y feministas, son fundamentales, en el fortalecimiento de las ciudadanías juveniles, al plantear el trabajo colaborativo y el reconocimiento de aspiraciones personales, ya que ponen en marcha propuestas cooperativas para incidir en la transformación de sus entornos comunitarios (Duarte, 2006). Esto hace evidente que si hay heridas sistémicas que trastocan las corporeidades de las juventudes, es primordial crear condiciones que satisfagan los derechos humanos de las juventudes, para que continúen sin temor en la construcción de sueños y anhelos que dignifiquen sus vidas.

Ciudadanías juveniles

Implicaciones del adultocentrismo en la participación juvenil

De acuerdo a la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2018, en el país existen 30.7 millones de jóvenes (15 a 29 años) y representan 24.6 % del total de habitantes (INEGI, 2020). Las personas jóvenes son plurales, diversas, tienen identidades y realidades distintas. La situación de las juventudes guarda relación con su clase, género, etnia, sexualidad, lugar de residencia urbano-rural, región, migración, generación, nacionalidad, moda, gustos, aspectos que se entretejen con los de distintos entramados culturales.

Desde la perspectiva sociológica, las juventudes no son personalidades estáticas; se hallan inscritas en contextos de interacción y relaciones de poder con instituciones, normas, grupos sociales.

Por ejemplo, la interacción con los adultos suele mostrar relaciones de poder desiguales. La figura del adulto representa autoridad material y simbólica, y se impone sobre las juventudes inexpertas, dependientes materialmente, lo que da lugar al adultocentrismo.

Sin embargo, oponerse a prácticas adultocentristas no significa rechazar las situaciones, ideas y experiencias de personas adultas, sino promover las relaciones intergeneracionales para destacar desde el diálogo, las voces, intereses y necesidades de los diversos grupos etarios que coexisten e interaccionan cotidianamente.

Desasosiego para el ejercicio de la ciudadanía juvenil

La incertidumbre, desigualdad social, falta de perspectivas de futuro personal y profesional son condiciones que marcan el ejercicio de la ciudadanía juvenil; su comprensión hay que ubicarla en el contexto actual de desasosiego e individualización, en el que llevan a cabo sus trayectorias vitales: pobreza, atropello de derechos humanos, nulo interés por los asuntos de la vida pública. Lo explicamos:

Las juventudes viven bajo tutela como objeto específico de intervenciones sociales, que resultan ser autoritarias al colocar inmediatamente una perspectiva preventiva y punitiva (Núñez, 1999); por ejemplo, son perseguidas por prejuicios que se dirigen a sus corporeidades y expresiones (formas de hablar-actuar, estilos de vida y preferencias), e incrementan en aquéllas que provienen de sectores populares, urbano-rurales, pues se les vincula con las violencias, delincuencia, adicciones e irresponsabilidad en el ejercicio de su sexualidad.

Con esta visión estigmatizante, se les culpabiliza de la peligrosidad que les acecha y de las condiciones de desigualdad que viven. José Valenzuela (1998) expresa que las juventudes de América Latina son expuestas a entornos permeados de violencias, que provocan su muerte simbólica y real, es decir, el juvenicidio, que en palabras de Muñoz (2015) “inicia con la precarización de la vida de las y los jóvenes, la ampliación de su vulnerabilidad económica y social, el aumento de su indefensión ciudadana y la disminución de opciones disponibles para que puedan desarrollar proyectos viables de vida” (p. 12).

Los derechos de las juventudes en contextos precarizados son limitados e incluso negados, pues sus vidas se criminalizan al ser tomadas como desechables, sustituibles e indiferentes para la sociedad.

Para el caso mexicano, el panorama es desalentador. Las juventudes de entre 15 y 29 años tienen carencias en educación, salud, vivienda y alimentación, y sus ingresos no les alcanzan para satisfacer sus necesidades básicas; cuatro de cada 10 jóvenes son pobres; 23.2 % de los millennials mexicanos trabaja y, aun así, no tiene ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas (Imjuve, 2020).

Las principales carencias que enfrenta la población juvenil pobre, tienen que ver con la satisfacción de los llamados derechos sociales, los cuales engloban al conjunto de satisfactores o insumos mínimos para que una persona pueda vivir su vida sin tener que preocuparse por su supervivencia inmediata, y se adscriben a una gama más amplia de derechos humanos conocidos como los DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales).

Sin embargo, cuando decimos que una persona no cuenta con el acceso a derechos sociales, queremos decir que hay necesidades fundamentales de la subsistencia que no están satisfechas, alimentación, vivienda, educación. Lo que muestra, en un Estado de derecho como el mexicano, su incapacidad para lograr que los jóvenes ciudadanos, en su conjunto, tengan las condiciones de acceso y ejercicio a los derechos humanos, pilar central de la democracia.

Sabemos que una de las grandes limitaciones de la democracia en México es la frágil participación política de la ciudadanía en los asuntos de interés público y político. Las juventudes no son ajenas; por décadas han llevado consigo la indiferencia, la apatía política, el hartazgo de las falsas promesas; sin embargo, pensamos que una de las estrategias más importantes es propiciar procesos formativos y educativos, en los que las pedagogías críticas, feministas, ofrecen recursos políticos que posibilitan el ejercicio de la ciudadanía, en la que se observen “con el derecho a tener derechos”.

Agencia y juventudes

La agencia como capacidad de transformación, de movimiento, resistencia y acción coloca a las y los jóvenes como sujetos capaces de transformar el sentido de sus vidas, lo que rompe con la visión de mirarlos como sujetos oprimidos que reproducen la cultura de la obediencia y el silencio en la estructura familiar o institucional.

Una de las formas en que las juventudes exigen ser consideradas como sujetos de derecho, se logra mediante el ejercicio de su reclamo a ser escuchadas (al grupo G8 reclaman, por ejemplo, ser escuchadas, que atiendan la crisis climática, los conflictos mundiales y las desigualdades generacionales desbocadas).

Por su parte, la ciudadanía juvenil se expresa como un proceso de conquista de espacios de autonomía (personal y colectiva) e implicación participativa de las juventudes que dejan de ser meros sujetos pasivos de la actuación pública para convertirse en sujetos protagonistas de políticas activas que promueven el ejercicio de su ciudadanía.

La participación constituye un elemento central para el fomento y desarrollo de la autonomía juvenil, en tanto empodera a las juventudes proporcionándoles visibilidad social y refuerza su capacidad de protagonismo cívico en los procesos de cambio social (Morán y Benedicto, 2008).