Neoliberalismo y Consenso de Washington en América Latina

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Introducción


El neoliberalismo retoma los principios del liberalismo clásico, resaltando la apertura del mercado, que se debe de regular por la ley de la oferta y la demanda, y la reducción del papel del Estado, el cual se deslinda de sus responsabilidades sociales para proteger los intereses de las empresas privadas.

Específicamente, en América Latina, el modelo neoliberal se adopta después de la crisis de la deuda externa y la denominada década perdida, tomando los principios del Consenso de Washington, elaborado por el economista John Williamson, en concordancia con los organismos financieros internacionales.

En mayor o menor medida, en los años noventa se aplica el Consenso de Washington en los países latinoamericanos, transformando las políticas económicas, que pasaron del Estado benefactor y la sustitución de importaciones a un modelo de capitalismo abierto de corte neoliberal.

Los resultados arrojados por la aplicación de las políticas neoliberales, acorde con el decálogo del Consenso de Washington, son distintos de un país a otro; pero coinciden en no ser los esperados y no habernos conducido a la senda del desarrollo, pues la mayoría de ellos siguen tratando de resolver los problemas clásicos del subdesarrollo económico.


Collage de fotografías de Washington

(s. a.) (2008). Montaje de Washington, D.C. [Fotografía]. Tomada de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DCmontage2.jpg

Objetivo

Identificar las características específicas del neoliberalismo en Latinoamérica, a través de los puntos específicos del Consenso de Washington, para evaluar las políticas económicas que han seguido los Estados en América Latina, como parte de las políticas de corte neoliberal.

Conceptualización del neoliberalismo


El neoliberalismo es una ideología que retoma los postulados básicos del liberalismo económico del siglo XIX, con Adam Smith como su principal precursor, en el cual, “la mano invisible del mercado” siempre lo llevará hacia el equilibrio, si éste se rige por la ley de la oferta y la demanda sin obstáculos, lo que beneficiará a a todos los actores económicos.

El neoliberalismo, siguiendo a Ricardo Torres Gaytán (1998), retoma los cuatro postulados básicos del liberalismo económico clásico, desarrollado por Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill:



El Estado en el neoliberalismo


Entre los principales postulados del neoliberalismo se busca una mayor independencia del Estado, en relación con los privados (el fin de su intervención “excesiva”), la reducción del gasto público, la limitación de los sindicatos y los derechos laborales, conjuntamente con una conducción de la política económica y monetaria más estricta, así como la privatización de las empresas de propiedad estatal, es decir, el adelgazamiento del sistema estatal, entre otras (Dos Santos, 1999, pp. 512-515).

El liberalismo tiene como piedra angular la competencia perfecta sin trabas, situación que jamás ha existido, lo que se comprobó al ser desechado por la crisis de 1929, en su primer avistamiento, y ser cambiado radicalmente con el ascenso del modelo keynesiano. Por lo tanto, “el retorno al liberalismo sólo se puede explicar por la fe en una cualidad mágica” (la mano invisible del mercado), olvidando, como asevera Francisco Fernández Marugán (2001), que “los vicios privados no conducen a las virtudes públicas” (p. 5).

El mercado, así como el mismo sistema capitalista, no tiene consideraciones sociales, por lo que siempre va a necesitar como contrapeso al Estado. Éste a su vez tiene la responsabilidad de ser más que un mero árbitro del mercado, debe conducirlo y controlarlo para que éste no se desvirtúe y trabaje en beneficio de la población en general.

La intervención del Estado en la economía ha tenido siempre algunos efectos negativos, no sólo en el de control planificado, también en el modelo benefactor; esto no implica que la solución sea dar un salto a todo lo contrario, puesto que es el único que puede corregir las fallas del mercado.

El principal actor de las relaciones internacionales sigue siendo el Estado; sin embargo, ha sufrido una transformación profunda, como consecuencia de su incorporación a la globalización. Dicho cambio puede considerarse una reducción en su participación en el contexto internacional y una pérdida de dominio e intervención en el interior. No obstante, los Estados no pueden optar por mantenerse fuera de la dinámica mundial, por el contrario, deben aprovechar las oportunidades que este sistema les puede ofrecer.



El Estado como instrumento del neoliberalismo


No se puede caer en el error de creer que el Estado ha permanecido al margen del proceso de globalización. Fue el Estado quien quitó las barreras comerciales, las restricciones a los flujos de capitales; firmó acuerdos y tratados de libre comercio; requirió préstamos y accedió a la condicionalidad. Sin embargo, no han ido de manera conjunta con la toma de estrategias y políticas domésticas de compensación, pues las reformas del Estado (en los Estados en vías de desarrollo), en forma general, han estado encaminadas hacia la liberalización y en búsqueda de nuevos objetivos (la renegociación de su deuda y posible pago de la misma, la obtención de otros créditos, atracción de más capital del exterior, entre otros), mediante la desregulación del mercado interno, que en muchas ocasiones ha tenido el efecto paralelo de sometimiento, en el caso de los Estados emergentes, al capital extranjero. Por lo tanto, el Estado ha sido soporte material de la globalización económica.



En palabras de Björn Hettne (1999): Al aceptar la ideología neoliberal del globalismo, el Estado se convierte en el vocero que controla las fuerzas económicas externas, en lugar del protector de la sociedad contra los aspectos negativos de estas fuerzas, tarea clásica en el proceso de construcción de una nación y que culminó en el Estado de bienestar europeo. La renuncia del Estado a estas funciones implica una relación modificada entre éste y la sociedad civil y, en particular, una tendencia a que aquél se vuelva ajeno a la sociedad civil (p. 70).

El neoliberalismo dejó de ser una mera ideología al convertirse en políticas aplicadas por los diversos Estados. Fue a finales de los años sesenta cuando, ante la crisis económica internacional y al agotamiento del Estado benefactor, los Estados desarrollados, esencialmente Estados Unidos y Gran Bretaña, retomaron las ideas liberales y las comenzaron a difundir por el mundo.



El neoliberalismo en Latinoamérica

Xosé Carlos Arias (2000) sugiere que, en el caso de América Latina, después de atravesar por la crisis de la deuda externa en 1982, en la mayoría de los países de la región, se emprendieron una serie de ajustes estructurales combinados con reformas del Estado de corte neoliberal; es decir, se inició el modelo latinoamericano de ajuste. La incursión de los países latinoamericanos en esta transformación económica fue motivada, en parte, por la convicción del agotamiento del modelo de sustitución de importaciones como estrategia de desarrollo; pero en mayor medida se dio por la presión ejercida a favor del cambio por parte de las grandes organizaciones internacionales financieras y crediticias, en un momento en que la crisis económica aguda atacaba a estos Estados (p. 485).

La transición de América Latina de un modelo abocado al interior, altamente proteccionista y de corte populista, hacia uno aperturista (no sólo hacia los flujos de mercancías y servicios, también a los de capital, privatización y basado en el fomento del sector exportador) fue abrupto y exacerbado, consolidándose en los años noventa bajo la égida de los principios del denominado Consenso de Washington.

Es importante señalar que el Consenso de Washington tiene su principal antecedente en el Plan Brady, realizado en 1989 como una propuesta estadounidense para resolver el problema de la deuda externa de América Latina. Este proyecto, anunciado en marzo de 1989, fue una estrategia diseñada por el secretario del tesoro estadounidense Nicholas Brady, que ofrecía un paliativo financiero para los pagos por las obligaciones contraídas en los años anteriores; pero significó la imposición, sine qua non, de reformas económicas orientadas a la liberalización de las economías que lo acogían.

En suma, estipulaba una corresponsabilidad entre los países deudores y los bancos y países acreedores, por lo que proponía el cambio de títulos de la deuda antigua por bonos de nueva deuda, proceso apoyado por créditos del BM y FMI, para lo que era primordial que los países adoptarán una política de libre mercado. Este tuvo éxito relativo en México, Filipinas y Costa Rica, pero no fue aceptado en toda la región (Mota, 1991).

Ilustración de un mapa de América Latina.

(s. a.) (2011). Mapa de América Latina [Ilustración]. Tomada de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map-Latin_America2.png

Origen del Consenso de Washington


El Consenso de Washington fue un término que comenzó a ser usado por el economista inglés John Williamson en la década de los ochenta, para hacer referencia a los temas de ajuste estructural, sugeridos por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otras instancias, con el fin de resolver la crisis de la deuda en América Latina.

Años después, en 1989, Williamson convocó a más de 50 economistas de distintas nacionalidades a una conferencia en Washington, destinada a analizar los avances alcanzados y las experiencias obtenidas en la aplicación de las políticas de ajuste y de reforma estructural en el continente.

Resultado de la conferencia, en 1990, Williamson elaboró un documento titulado What Washington Means by Policy Reform, donde se formula, por primera vez, el decálogo que se conoce comúnmente como el Consenso de Washington. El documento se concentra en 10 temas de política económica que, de acuerdo con el autor, cuentan con la aprobación de Washington para ser adoptados y aplicados por los países latinoamericanos, como vía para salir de la crisis y regresar a la senda de crecimiento económico.

El Consenso de Washington toma ese nombre puesto que no sólo hace referencia al gobierno de Estados Unidos, sino al “consenso” implícito entre éste y los organismos financieros internacionales, que casualmente tienen su sede en esa capital, el FMI y el BM, más el Congreso estadounidense, el Banco de la Reserva Federal y los think tanks más representativos en el área económica.



EUn tratado de reforma.

(s. a.) (2007). Tratado de reforma [Fotografía]. Tomada de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reform_treaty.jpg

El decálogo del Consenso de Washington

Williamson considera que para que las economías latinoamericanas puedan corregir los errores que las llevaron a la crisis de la deuda deben, en principio, “poner sus casas en orden” a través de profundas reformas políticas o sometiéndose a una fuerte condicionalidad que las llevaría incluidas; a la par del combate a la corrupción que es percibida como la mayor causa de la pobreza y la mala distribución de la riqueza en la región. Las políticas que comprendían el Consenso de Washington, consideradas como básicas siguiendo el documento de John Williamson (1990), son las siguientes:


Disciplina fiscal

Los países deben implementar una disciplina fiscal que necesariamente debe estar acompañada de un presupuesto balanceado, como única forma de prevenir futuros déficit. Un enorme déficit es el principal origen de los trastornos macroeconómicos que, a su vez, conllevan inflación, déficit de la balanza de pagos y fuga de capitales, siendo menester evitarlo, aunque el Estado tenga que hacer un enorme esfuerzo para enfrentar el gasto público con los recursos disponibles. Un déficit de presupuesto operacional que sobrepase un 1 % a 2 % del PIB se considera prueba fehaciente de una falla en la política aplicada, a menos que este exceso se haya utilizado en inversiones de infraestructura productiva. Mantener la inflación a niveles bajos como parámetro central de la economía será resultado de la correcta aplicación de esta política.

Prioridades del gasto público

Para cortar el déficit fiscal se debe optar por reducir el gasto público (hecho que pone en riesgo el estado de seguridad social); sin embargo, se considera necesario adecuar la composición del mismo, dirigiéndolo más hacia sectores prioritarios y redituables, como la educación. Se establece que las tres categorías principales de gasto: subsidios, educación y salud e inversión pública. Los subsidios deben reducirse o hasta eliminarse en el caso de empresas deficitarias; en educación, por el contrario, debe aumentar la forma de invertir en el capital humano, al igual que la inversión pública en infraestructura, que también es muy productiva. El gasto militar es considerado como prerrogativa del Estado soberano.

Reforma tributaria

El aumento del ingreso vía impuestos se considera una alternativa a la reducción del gasto público para paliar el déficit fiscal.

Tasas de interés

Dos son los criterios principales para las tasas de interés; éstas deben ser determinadas por el mercado y deben ser reales positivas, para evitar la fuga de capitales e incentivar el ahorro interno.

Tipo de cambio

El tipo de cambio debe ser flexible, es decir, también tienen que ser determinados por el mercado. Es determinante contar con tipos de cambio competitivo para promover el crecimiento de las exportaciones.

Política comercial

La liberalización de las importaciones es un elemento esencial para una política comercial orientada hacia el exterior, conjuntamente con el tipo de cambio competitivo. El acceso a bienes intermedios, importados a precios competitivos, es un aspecto importante de la promoción de las exportaciones, que es la mejor estrategia comercial, pues el proteccionismo de la industria nacional es una distorsión que puede paralizar el sector exportador y empobrecer a la economía nacional.

Inversión extranjera directa

La liberalización de los flujos financieros externos no es una alta prioridad; sin embargo, en lo que respecta a inversión extranjera directa, se considera como una insensatez mantener controles restrictivos, dado que es un medio que, además de proveer capital para el desarrollo, aporta transferencia de tecnología; es decir, know how y capacitación para la producción de bienes y servicios, tanto para el mercado interno como para la exportación.

Privatización

La privatización de empresas estatales es indispensable, ya que la administración privada es más eficiente que la estatal, además constituye una fuente de recursos a corto plazo, y a largo plazo se deslinda al Estado de tener que estar disponiendo del gasto público para financiar esas empresas.

Desregulación

La desregulación es una forma de promover la libre competencia, retirándole obstáculos y fomentando el desarrollo en búsqueda de la mayor competitividad.

Derechos de propiedad

La seguridad legal a los derechos de propiedad es fundamental para el adecuado funcionamiento del sistema capitalista. Además, ante la percepción de que en América Latina los derechos de propiedad son altamente inseguros, se deben mejorar.

Fotografía de un pergamino litúrgico del siglo XIII

Dallorto, G. (2009). Pergamino litúrgico bizantino en pergamino del siglo XIII [Fotografía]. Tomada de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2049_-_Byzantine_Museum,_Athens_-_Parchement_scroll,_13th_century_-_Photo_by_Giovanni_Dall%27Orto,_Nov_12.jpg

Aplicación del Consenso de Washington en América Latina


Los Estados latinoamericanos aplicaron con notable rigor las “sugerencias” del Consenso de Washington, aunque existieron diferencias entre la forma y profundidad en que fueron implementadas. Chile fue el primero en insertarse en la dinámica neoliberal, gracias a los Chicago boys, en la década de los setenta, bajo la dictadura de Augusto Pinochet; mientras que Brasil fue el que más demoró en iniciar los ajustes, ya que no fue hasta los años noventa, con el presidente Collor de Melo, que se ingresó en el camino del Consenso, el cual fue completado hasta la administración de Henrique Cardoso.

México, por su parte, comenzó la transición desde la presidencia de José López Portillo; pero ésta se dinamizó mucho más con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Actualmente, a excepción de Cuba, todos los países latinoamericanos se han insertado al sistema capitalista internacional, a la globalización económica y al modelo neoliberal, en cierta medida; a pesar de lo cual siguen adoleciendo de los problemas inherentes al subdesarrollo, exacerbados por la pésima distribución de la riqueza, el desempleo, la violencia, la corrupción, etcétera.

Argentina y México fueron los países que, con mayor rigor, aplicaron las disposiciones del decálogo, a pesar de lo cual ambos entraron en serias crisis económica-financieras, con un desplome de sus respectivos PIB y un severo costo social. México, en 1994. experimentó una caída del 7 % de su PIB y en 2002, el PIB argentino se derrumbó en un 20 % (Calva citado en Witker, 2004).

Sucesos que, aunados a la media década perdida que América Latina sufrió, entre 1998 y 2002, demuestran el poco éxito de la aplicación del Consenso de Washington, aunque también se atribuyen a otros sucesos coyunturales: el contagio de las recurrentes crisis económicas que alcanzaron un carácter internacional, el deterioro de las condiciones financieras internacionales y el estancamiento de la economía estadounidense, entre otros.



Críticas al Consenso de Washington y sus consecuencias

Las políticas del Consenso han sido ampliamente cuestionadas por diversos estudiosos, puesto que se considera que reducen la capacidad del Estado para procurar el bienestar social, además de brindarle a las empresas transnacionales amplios márgenes de maniobra en detrimento del Estado que las alberga. Asimismo, se observa que las privatizaciones del sector estatal sólo beneficiaron a pequeñas élites en América Latina y, por ende, no tuvieron impactos sociales positivos.

En este punto, cabe señalarse que Chile es, hasta cierto grado, una excepción a las anteriores aseveraciones, pues es un país que ha aplicado las sugerencias del decálogo de Williamson y con excelentes resultados; no obstante, Joseph Stiglitz argumenta que el éxito del caso chileno responde a que el Estado aún conserva grandes capacidades y puede intervenir en la política monetaria para estabilizar los flujos de capital.

Por otra parte, no se debe considerar al proceso de liberalización económica en América Latina como terminado, ni mucho menos, pues aún existen sectores con diversos niveles de protección, dependiendo del país al que hagamos alusión. Por ejemplo, mientras que en México se han retirado todos los controles a la inversión extranjera, como resultado del TLCAN; en Brasil siguen siendo restrictivas las normas para su entrada, mientras que en Chile existen controles para la inversión de carácter especulativo esencialmente.

Hay que aclarar que dicho proteccionismo sigue desmantelándose de forma unilateral, por consecuencia de la firma de acuerdos de libre comercio, a pesar de que el neoliberalismo, a más de una década de ser aplicado, no ha conducido a los países a la senda del desarrollo; y éstos siguen lidiando con los problemas clásicos del subdesarrollo, los cuales se han exacerbado y ampliando la brecha que los separa de los países altamente industrializados.

Es evidente el papel determinante de los Estados, sea por convicción propia o no, en la conformación del sistema económico internacional, estructurado bajo los parámetros neoliberales. Por lo tanto, debemos considerar que, independientemente de la multiplicidad de actores, el Estado sigue siendo la única entidad representativa de una población, con una legitimidad absoluta; con la responsabilidad de preservar su estabilidad y crear las bases para su desarrollo, así que debe enfrentarse a las consecuencias de sus acciones recientemente tomadas, en favor de la liberalización. Dado que no existe ninguna clase de medidas de regulación, no se han brindado todos los beneficios esperados y sí han creado una alta inestabilidad económica, política y social, predisponiéndolos a crisis de magnitudes insostenibles.

Para retomar esa faceta reguladora y llenar los huecos o reemplazar de manera parcial al mercado que ha demostrado ser incapaz de cumplir con esta función, son necesarias una serie de reformas económicas, políticas y sociales, encaminadas a reforzar la economía y su misión de proveer a la sociedad de bienestar (sin desligarse de esto, como ha ocurrido) o fortaleciéndose como garante del libre mercado.

Más que pensar en la desaparición del Estado, o “el fin de la historia”, se debe pensar en la reestructuración del sistema de Estados y del internacional en su conjunto, para lo que es indispensable la democratización de cada uno de los Estados, en función de estabilizar y legitimar la globalización. Quizá es el punto clave para que los Estados latinoamericanos reconsideren el camino que han emprendido y los resultados que han obtenido del neoliberalismo, y creen un modelo de desarrollo propio, acorde a sus necesidades particulares, sin tener que tomar recetas externas, ajenas a su condición de Estados en desarrollo.



Fotografía de Jakarta.

Mcintosh, J. (2004). Jakarta [Fotografía]. Tomada de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jakarta_slumhome_2.jpg

Actividad. Elementos del Consenso de Washington

El Consenso de Washington es una referencia obligada para cualquier profesionista de las ciencias sociales y, muchas veces, se cita sin tener conocimiento de los puntos que abarca; por lo que el identificar sus contenidos no sólo coadyuva para explicar el desarrollo histórico del modelo económico en América Latina, también para evaluar adecuadamente sus resultados y condición actual.


Autoevaluación. Verdades y mitos sobre el Consenso de Washington

Gran parte de las políticas económicas que se han seguido como parte del neoliberalismo en los países de América Latina, como México, están inspiradas en el decálogo del Consenso de Washington; de ahí que resulte fundamental conocer sus verdades y mitos.


Fuentes de información

Básicas



Arias, X. (2000) Liberalización y seguridad financiera en los mercados emergentes. En Revista de Comercio Exterior, 50(6), 484- 493.
Centro Latinoamericano de la Globalidad. (1998). Visión crítica de la globalidad. México: CELAG.
Dos Santos, T. (1999). Neoliberalismo: doctrina y política. En Revista de Comercio Exterior, 99(6), 507- 526.
Fernández, F. (2001). El Estado en la era de la globalización. En Sistema, 164, 3-11.
Hettne, B., Inotai, A. y Sunkel, O. (1999). Globalism and the New Regionalism. USA: UNU/WIDER.
Mota, S. (1991). Desafíos: globalización e interdependencia económica. México: Diana.
Torres, R. (1998). Teoría del comercio internacional. México: Siglo XXI.
Stiglitz, J. (2002). El malestar en la globalización. México: Taurus.
Williamson, J. (1990). What Washington Means by Policy Reform. USA: Institute for International Economics.
Witker, J. (2004). El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). México: UNAM.



Complementarias


Arrizabalo, X. (1997). Crisis y ajuste en la economía mundial. España: Editorial Síntesis.
Basave, J., Dabat, J., Morera, C., Rivera, M. y Rodríguez, F. (2002). Globalización y alternativas incluyentes para el siglo XXI. México: UNAM.
Calderón, J. (2001). México en un mundo global. México: Friedrich Ebert Stiftung.
Cardoso, H., Prebish, R. y Green, R. (1982). En torno al Estado y el desarrollo. México: Nueva Imagen.
De Filippo, A. y Franco, R. (2000). Integración regional, desarrollo y equidad. México: Siglo XXI, CEPAL.
Padua, E. (1999). México en el umbral del siglo XXI. Los efectos de la globalización. México: Fontamara.

Cómo citar

Quintero, A. (2019). Neoliberalismo y Consenso de Washington en América Latina. Unidades de Apoyo para el Aprendizaje. CUAED/Facultad de Estudios Superiores Acatlán-UNAM. Consultado el (fecha) de (vínculo).